El regreso de las cacerolas

¿Quién dijo que la historia no se repite? Hay argentinos decididos a demostrar que los hechos pueden, como mínimo, volver a ser experimentados de la misma manera. En la noche del jueves, sonaron otra vez  las cacerolas en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, no precisamente los atravesados por la visible desigualdad social. Las cacerolas volvieron a escucharse -a decibeles simbólicos- al compás del antikirchnerismo más elocuente. Así ocurrió hace cuatro años, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quiso aumentar el impuesto a las ganancias extraordinarias derivadas de la renta de la soja. Los grandes, medianos y pequeños productores bloquearon las carreteras y recibieron la solidaridad de la clase media y alta de la capital. La llamada crisis del campo terminó con la derrota del Gobierno en el Senado (el vicepresidente Julio Cobos, se pasó al bando de los productores a medio mes de haber asumido).Fueron, esos, los meses más difíciles de Cristinta K. El heterogéneo bloque opositor, que reunió a maoístas con terratenientes, creyó que los días de la presidenta estaban contados. Las cosas no sucedieron así. El kirchnerismo se recuperó y ganó las elecciones en octubre pasado.

En medio de la crisis mundial, de las restricciones en el mercado cambiario, y de los primeros síntomas de enfriamiento en algunos sectores de la economía, las cacerolas entraron otra vez en escena. Lo hicieron en rechazo a las dificultades para comprar dólares y acompañar la nueva medida de los productores agropecuarios bonaerenses. El campo más rico de la Argentina ha convocado a una huelga de nueve días en rechazo a un impuesto inmobiliario que calificaron de “confiscatorio zarpazo fiscal”. El “impuestazo”, como lo llaman los grandes medios de comunicación, abiertamente enfrentados con el Gobierno, “perpetúa una transferencia de recursos inaudita desde las comunidades del interior al Gobierno nacional”. La medida prevé la suspensión de ventas de granos y hacienda en pie.

La protesta es una respuesta al decreto del gobernador de la provincia más rica del país, Daniel Scioli, por el cual se incrementan los valores de los gravámenes.  Los productores, que en todos estos años se han beneficiado por los precios internacionales de las materias primas, consideran intolerable que se les meta las manos del Estado en sus bolsillos. Avizoran un chavismo solapado en la suba impositiva. Si el decreto se aprueba finalmente, los que poseen grandes extensiones de tierra o los más rentables, pagarán 14 euros por hectárea y no 8,5 euros.

Según, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Darío Golía, la iniciativa “tiene como finalidad, fortalecer los recursos de la provincia y los municipios” y, así, “cumplir con servicios indispensables”.

La presión tributaria global y los descuentos comerciales se llevan el 84% del resultado económico que se puede obtener en un año promedio, asegura un estudio de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA).

“Hoy, en términos fiscales, el valor de toda la tierra de la provincia de Buenos Aires es de 20.500 millones de pesos (3700 millones de euros), menos de la mitad del parque automotor, con un valor promedio de 1050 pesos por hectárea”, sostiene, sin embargo, el diputado Golía.

Hablan de países diferentes, los dos llamados Argentina. Lo que los unía, en la noche del jueves, es, otra vez, el módico ruido de las cacerolas.