Los días de Garzón en Buenos Aires

La escena es extraordinaria, por varias razones. El pasado jueves, el ex juez Baltasar Garzón asistió al juicio oral y público que se celebra en Buenos Aires por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar (1976-83). Garzón llegó al tribunal acompañado por Estela de Carlotto, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. En la sala se encontraban el ex capitán Jorge “Tigre” Acosta y el ex teniente Alfredo Astiz, dos de los 68 imputados, a quienes quiso extraditar en 2001, cuando estaba en la Audiencia Nacional, y en la Argentina regían las leyes que protegían a los represores. Los tiempos han cambiado. Garzón ya no es magistrado por una decisión que los organismos defensores de derechos humanos de este país consideraron en su momento escandalosa. Carlotto quiso honrarlo una vez más y por eso entró a la sala de su mano. Tal vez, en algún momento, las miradas de Garzón y el temible Astiz se cruzaron. En ese posible entrevero se resumen algo más que dos visiones del mundo.

“Después de Núremberg, no creo que haya habido un juicio de esta envergadura por crímenes de lesa humanidad. Eso es muy importante no solo para Argentina, sino para el mundo entero”, dijo Garzón. Faltaban horas para que recibiera su Documento Nacional de Identidad argentino (DNI) que lo habilita como residente temporal en este país, donde se desempeñará como asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación.

“Baltazar Garzón es un representante de una Justicia que no es solamente de los derechos humanos vinculados con las terribles dictaduras que asolaron en nuestros países. También lo es de los derechos humanos de segunda, tercera, cuarta, quinta generación que es el derecho a vivir con esperanza y con ilusión”, dijo la presidenta Cristina Kirchner, al entregarle el DNI. Garzón no vivirá en Buenos Aires por completo, ni suspenderá sus asesorías en Colombia y Ecuador. Pero su imagen con el documento argentino en la mano ha adquirido un valor simbólico que trasciende los límites de este país.

En los últimos días, Garzón no escatimó sus señales de apoyo a los juicios contra los crímenes de lesa humanidad. El ex magistrado fue hasta la provincia de Jujuy, en el extremo norte del país, a respaldar la labor de Fernando Poviña, el magistrado que se ha atrevido a procesar al magnate del azúcar, Carlos Blaquier, por su presunta complicidad con la desaparición de 29 personas. Se trata del primer juicio en el que se arroja luz sobre la colaboración de un sector del empresariado con los militares. Dijo Garzón, al respecto: “la dictadura no se construye sólo con la fuerza militar, sino con los apoyos del ámbito económico, que también deben de ser valorados y enjuiciados, si hay indicios de que han cometido esos crímenes. La ley es igual para todos”.

“Argentina lidera el movimiento de los derechos humanos en el mundo. Está en esa línea de que los derechos humanos pueden ser un buen programa de gobierno”, añadió.

Pero Garzón quiso extender su gesto de apoyo al Gobierno más allá de la cuestión humanitaria y respaldó la disputa que tiene Argentina con los tenedores de bonos que en su momento se negaron a participar de la restructuración del canje de la deuda externa y que exigen por vía judicial, en un tribunal de Nueva York, que se les pague cifras exhorbitantes. El Gobierno los califica de “fondos buitre” y especuladores que compraron esos papeles de la deuda al 22% de su valor nominal y reclaman ahora un 100%, más intereses y otras puniciones. La causa la lleva adelante el juez Thomas Griesa. El fallo que obligaba a la Argentina a pagar está en suspenso por una resolución de una instancia judicial superior. Para Garzón “es tiempo de que los jueces cuestionen esas inciativas, como dictar sentencias que protegen a un mínimo de intereses, como en el caso de Griesa”. Según el ex integrante de la Audiencia Nacional los “fondos buitre” agrupan “una serie de iniciativas que van a bloquear países en recuperación y a ciudadanos que están haciendo esfuerzos para salir de la situación en la que se encuentran. Se aprovechan que se constituyeron en momentos de debilidad”.

La oposición argentina, que cuestionado severamente todas las medidas del Gobierno, no parece ver con buenos ojos las actividades de Garzón en Buenos Aires. Pero tampoco pagará el costo de pedirle moderación ni que disimule su empatía con los anfitriones.

Todo esto ocurre cuando unos cinco mil españoles expresan su apoyo a la megacausa argentina que investiga, a través de principios de Justicia universal, los crímenes de lesa humanidad cometidos en España  entre 1936 y 1977. Las adhesiones a la demanda fueron entregadas  en la embajada argentina en Madrid,  hace dos semanas y, el pasado martes,  en el Juzgado Federal Criminal de Buenos Aires,  a cargo de María Servini de Cubría.  La querella busca que Servini comience a tomar testimonio a las víctimas del franquismo a través de videoconferencias antes de fin de año.

La causa, que se encuentra en período de instrucción, se basa en los mismos principios judiciales que utilizó  Baltasar Garzón para investigar  y detener a Augusto Pinochet en Londres, en octubre de 1998. Los mismos principios por los cuales trató de extraditar a Astiz, a quien pudo ver sentado en el banquillo de los acusados.